Acaban de salir las vacantes de Secundaria en Badajoz y no puedo sino estar profundamente decepcionado por la reiterada falta de voluntad de la Consejería de Educación extremeña de adoptar un modelo de asignación de plazas que favorezca la inclusión y evite la masificación de los centros y las aulas. Una tendencia que no solo es favorecida por la administración, sino por los propios centros educativos que solicitan una plaza más, estando como están, masificados. Una irresponsabilidad que obedece al distópico efecto de una demanda que acaba ahogando la posibilidad de que dichos centros puedan ofrecer una educación de calidad, más allá del acostumbrado recurso al libro-explicación-examen. Y no es una tendencia que afecte tan solo a Badajoz; se da en la mayor parte de las grandes poblaciones. Y tampoco obedece al sesgo ideológico del gobierno autonómico; gobierne quien gobierne, adopta este modelo.
Conozco de primera mano los proyectos de innovación educativa en Extremadura y les aseguro que la mayor parte de los docentes que tienen en su aula cerca de 30 alumnos evitan el uso de metodologías activas -y si las usan es de forma residual, sin afectar al núcleo del currículo-, especialmente a medida que van subiendo los niveles educativos. Esto genera como consecuencia que los alumnos de esas aulas no estén realmente recibiendo una educación que asegure el desarrollo de todas las competencias, y sí solo aquellas que ofrece un examen estandarizado. La tendencia a hacer crecer las líneas en centros ya de por sí con numeroso volumen de alumnado es un error mayúsculo, que no solo no asegura la calidad de la enseñanza, sino que también convierte a los centros en mastodontes sin espacios abiertos donde atender necesidades más allá del hacinamiento del aula.
Conozco de primera mano los proyectos de innovación educativa en Extremadura y les aseguro que la mayor parte de los docentes que tienen en su aula cerca de 30 alumnos evitan el uso de metodologías activas -y si las usan es de forma residual, sin afectar al núcleo del currículo-, especialmente a medida que van subiendo los niveles educativos. Esto genera como consecuencia que los alumnos de esas aulas no estén realmente recibiendo una educación que asegure el desarrollo de todas las competencias, y sí solo aquellas que ofrece un examen estandarizado. La tendencia a hacer crecer las líneas en centros ya de por sí con numeroso volumen de alumnado es un error mayúsculo, que no solo no asegura la calidad de la enseñanza, sino que también convierte a los centros en mastodontes sin espacios abiertos donde atender necesidades más allá del hacinamiento del aula.
Por otro lado, la administración parece estar más preocupada por la apariencia de éxito que la ejecución efectiva del desarrollo de las competencias en los centros. Con tal de que los alumnos vayan a clase, saquen buenas notas numéricas -sin mirar si responden a criterios competenciales- y los centros no generen problemas añadidos, se dan por satisfechos. Hoy por hoy, el desarrollo de las competencias en Extremadura es una quimera que se deja a libre albedrío de la voluntad de aquellos docentes que deciden ir contra viento y marea y, aunque tengan 30 alumnos en su aula, adoptar metodologías que faciliten de desarrollo de todas y cada una de las competencias que por ley deben desarrollarse en las aulas, y que evidentemente es imposible si la única metodología que usamos en clase es el ejercicio estándar y el acostumbrado examen de temporada, y si seguimos adoptando modelos de asignación de plazas que masifiquen los centros de éxito. Tiene miga que los centros respondan a criterios mercantilistas, que las familias acaben asociando calidad con demanda, y se venda el humo de una enseñanza exclusivamente ligada a las notas que adquirirá el alumno en la EBAU. Más aún si tenemos en cuenta que Extremadura ya en este último año generó más empleos provenientes de la Formación Profesional que de la Universidad, y a un coste menor en tiempo y dinero para las familias. Debiera la política educativa extremeña empezar a repensar y actuar al respecto. Nuestro modelo productivo -cuál no- requiere ciudadanas y ciudadanos que estén formados en competencias múltiples; preparar a nuestros alumnos para saber aprobar exámenes poco o nada ayuda a este propósito. Y eso es a lo que conduce un modelo de vacantes que hinche aulas y centros, vendiendo a las familias el humo de un éxito inexistente.
Quizá los docentes que impartan clases en esos centros de éxito disientan de mis argumentos, pero tengan en cuenta que este fenómeno, esta burbuja educativa, ya lleva tiempo afectando a centros que hace unos años se autocomplacían de tener mucha demanda. Quizá dentro de unos años sean ellos quienes se quejen de su aciago destino. Además, este panorama de competencia convierte a los centros en animales en busca de un alimento que escasea. Pura y dura lucha por la supervivencia.
La política de asignación de vacantes, dejada a libre albedrío de la demanda, sin regulación alguna, es un auténtico despropósito, y no obedece tan solo a factores endógenos, como la falta de natalidad. Existen también responsabilidades que devuelven la pelota a una política educativa incapaz de adoptar medidas más allá de aquellas que eviten la aparición en prensa de familias descontentas y mantengan la estructura educativa libre de disrupciones añadidas, más aún en estos tiempos en los que el futuro de los ejecutivos autonómicos está sometido a no poca incertidumbre.
Si este sistema distópico persiste en Extremadura es porque genera una falsa sensación de comodidad en la opinión pública, especialmente en aquellos sectores de los que depende cierto éxito electoral. Los grupos sociales más precarios o no votan o no existe una preocupante tendencia a que mute su voto en futuros comicios; además, no se quejan, no generan disrupción pública. Reformar la política de asignación de plazas removería el avispero, generando incomodidad en no pocas familias, además de que requeriría una lenta pedagogía que explicara las bondades del cambio y obligara a una inclusión social a la que no estamos acostumbrados y que generaría sin duda situaciones molestas en los centros que requerirían la adopción de nuevos planes de inclusión. Nada de esto alienta en la política educativa una voluntad al respecto. Los riesgos políticos son grandes y los tiempos del proceso de transformación de las políticas de asignación muy lentos; requieren plazos que superan con creces el cortoplacismo de un gobierno cuatrienal. Además, las familias tienen en su mayoría lo que quieren, como si la educación fuera un supermercado. Todos contentos, por qué cambiar.
Pues por dos razones, una profiláctica y otra ética. La profiláctica. La tendencia demográfica, la precariedad laboral y la diversidad cultural conducen inevitablemente a que esta burbuja educativa explote con consecuencias que de seguro serán más lesivas socialmente de lo que sería una nueva política de asignación de plazas, más inclusiva y redistributiva, a la espera de que el Congreso decida hacer reformas fundantes.
La ética. No estamos haciéndolo bien. No se puede por un lado vender una educación competencial, de calidad, y por otro lado poniendo piedras que la dificulten, propiciando en el imaginario de las familias una idea de educación que dista mucho de aquella que ilustran los trípticos institucionales y la liturgia en los congresos educativos, y que debiera facilitar el desarrollo de múltiples competencias, tanto para que nuestros hijos sean ciudadanos críticos, socialmente proactivos, como para que la educación que reciban responda a demandas competenciales de un mercado en transformación que ya no busca una mera titulitis, sino capacidades que trascienden la memoria y la asimilación de datos.
A ojos de una empresa innovadora, un titulado que en el instituto y la Universidad solo aprendió a hacer exámenes es un trabajador ineficaz y costoso, al que habrá que formarle para que se adapte a los conflictos en grupos de trabajo y a una toma de decisiones inteligente, y al que costará adaptar con diligencia sus conocimientos a contextos reales, donde existen factores de indeterminación a los que tendrá que responder con eficacia y rapidez. Esto no lo ofrece una educación masificada, centrada en el aprobado de exámenes.
Una petición. Familias, salid por favor del sueño en que el sistema educativo nos tiene sumidos, despertad y exigid una educación real y eficaz para sus hijos. A vosotros, docentes, sed valientes, no vendáis la calidad de la enseñanza a cambio de una línea más, no dejéis que conviertan la educación en un expendedor de tabaco, que nos conviertan en vendedores de plazas. Y a vosotros, Consejería de Educación, pensad a largo plazo, no en vuestro futuro político, sino en que un cambio determinante exige medidas audaces, que sin remedio incomodarán a la opinión pública, pero que a largo plazo pueden hacer de Extremadura una región innovadora, creativa, activa y próspera. Lo que hay ahora es mera supervivencia. Triste, inaceptable.
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