Retos de la educación en tiempos difíciles

Desde 2008, venimos arrastrando una crisis económica, que la irrupción de la pandemia y del conflicto en Ucrania y Taiwan no han hecho sino agravar hasta tal punto de que la precariedad y la subida de bienes y servicios básicos supone una grave amenaza para buena parte de las familias españolas, especialmente las más vulnerables. Hace unas semanas salía en los medios la noticia de que un 25% de las familias extremeñas deben vivir con 1000€ o menos, y nuestros dirigentes ya nos avisan de que este curso será difícil. El verano quizá haya servido de placebo y escapismo, pero sin duda la vuelta a los centros educativos revelará sus efectos perversos sobre la vida cotidiana de nuestros alumnos. 

La pobreza destruye expectativas, ganas y recursos para hacer frente a las adversidades, trastocando hábitos y desestabilizando la convivencia familiar. Todo esto y más supurará necesariamente en la escuela. Los alumnos en situaciones complejas tendrán muchas menos oportunidades de aclimatarse a este escenario distópico, requiriendo de apoyo y medios para recuperar lo perdido. Por esta razón, muchos docentes hemos insistido en que las consejerías deben hacer más esfuerzos en implantar programas que refuercen este grave problema, aumentando plantillas y recursos para reducir la brecha social y económica que necesariamente afectará a la posibilidad de muchos alumnos de enfrentarse al futuro con igualdad de oportunidades.

Debemos atacar numerosos frentes abiertos que dificultan este reto. El primero proviene de la capacidad de las familias para asumir los costes del nuevo curso (material escolar, libros de texto y otros gastos derivados). A esto debemos añadir la dificultad de que las familias vulnerables -cada día que pasa aumenta el número- puedan asumir clases particulares derivadas de la imposibilidad de la escuela de recuperar el desgaste curricular de sus hijos y asuman igualmente la necesidad de procurar medios digitales (tablet, portátil, wifi). La brecha digital no es educativa; tiene su origen en las condiciones sociales y económicas de las familias. La enseñanza obligatoria debiera serlo de facto, articulando presupuestos o medidas que limiten o eliminen el gasto escolar y la inclusión digital en familias con rentas exiguas. 

Esto exige el compromiso de las consejerías, pero también de la comunidad educativa. Los docentes podemos poner en marcha planes de autocreación de contenidos y programas de trabajo colaborativo que reduzcan la dependencia del libro de texto, además de bolsas solidarias de ayuda mutua en colaboración con el desarrollo comunitario del barrio donde se inserta el centro educativo. El empoderamiento colectivo, la unidad en la acción será esencial a la hora de asumir los compromisos éticos que esta crisis exige. Difícilmente bajo un modelo individualista podrá un centro educativo estar preparado para lo que nos viene encima. La escuela debe ser empática y proactiva con los problemas que dificultan una vida digna en nuestros alumnos.

Otro problema no menos grave es y será el que genera la crisis energética sobre los gastos de los centros educativos. Ya el pasado curso la subida del precio de electricidad y gas fue inasumible para muchos centros. La previsible subida este curso agrandará el problema, especialmente en centros con ciclos formativos que deben tener numerosas horas funcionando una maquinaria que requiere mucho gasto de energía, o centros con espacios amplios o que debido a su antigüedad disipan mucha energía. Ni qué decir que a largo plazo las consejerías deben asumir un plan integral de sostenibilidad energética en los centros educativos, reformando infraestructuras y estableciendo programas contextualizados donde la propia comunidad educativa sea motor de ese cambio. 

Pero mientras tanto, hay que solucionar un problema inminente y que puede crecer en gravedad e impacto. Las instituciones responsables del gasto energético de los centros deberán hacer frente a un aumento del coste. La prevención no será suficiente para afrontar ese sobrecoste. Podemos desde septiembre asumir nuestra responsabilidad, reduciendo dentro de lo posible el gasto: apagar luces, ordenadores y maquinaria cuando no se usen, aprovechar la iluminación natural, incluso poner en marcha programas creativos de aprovechamiento energético, pero estas medidas no supondrán una reducción significativa en relación al gasto, aunque sean fundamentales para reeducar a alumnos y docentes en el que será sin duda uno de los mayores retos colectivos de la década.

Imaginemos que el coste energético sube aún más. Este segundo escenario requerirá aumentar presupuesto público y/o adoptar medidas de ahorro más contundentes, como cortes o racionamiento, utilizando luz y maquinaria en horas determinadas. Incluso si la situación deviene en insostenible, reducir las horas de clase presencial a aquellas de menor coste energético y/o implantar un modelo híbrido, presencial-online o mañana-tarde. En Alemania, ya tienen previstas estas medidas llegado el caso de que sea necesario. En España, por ahora parece un escenario improbable, pero no imposible. 

Por último, quisiera reflexionar sobre un tercer reto al que hice mención al inicio: el impacto que esta crisis tiene y tendrá sobre las familias y la necesidad de ser empáticos y proactivos desde la escuela ante este escenario de carestía. Sin duda, no es lo mismo enseñar a alumnos que viven situaciones complejas, donde la falta de recursos económicos afecta de forma determinante a su voluntad y medios que a otros donde esas contingencias no son tan graves o no existen. Ya desde la pandemia observamos un desfase curricular significativo en muchos alumnos, que aún arrastran y que requieren del refuerzo de medios y docentes que lo reduzcan. La pandemia ha acabado, pero no así el escenario que sigue dificultando a muchos alumnos recuperar lo perdido. 

A esto sumamos que es previsible que un largo periodo de precariedad y pobreza atraviese Europa y requiera emplear estrategias que contengan los efectos perversos que dejará sobre los menores. A este respecto, es evidente que los esfuerzos por parte de consejerías y ministerio son casi inexistentes y el docente debe asumir toda la responsabilidad con escasos medios y plantillas. Con el mismo esfuerzo y determinación que el ministerio ha asumido la necesidad de una innovación tecnológica, debe asumir igualmente un compromiso ético irrenunciable en estos tiempos difíciles. No se puede dejar en manos del voluntarismo profesional del docente una carga tan pesada e insostenible, sin insuflar presupuesto encaminado a reducir la brecha educativa. Más aún bajo un modelo de organización, formación y gestión educativas que aumenta la carga burocrática y la presión sobre los docentes, impidiendo desarrollar planes que ataquen los problemas reales de la escuela. 

Mientras que esperamos los medios y plantillas que nunca llegarán, los docentes debemos prepararnos para un escenario más complejo aún que el que sufrimos estos últimos años. La reducción del absentismo, el desgaste curricular y la anomia emocional serán retos urgentes y más extendidos de lo esperado. La pobreza en las familias generará aún más desajustes en los hábitos cotidianos (alimentación, sueño, planificación, uso de móviles y videojuegos...) y en las expectativas de futuro. Quizá más alumnos dejarán los estudios en la ESO o antes y deberán asumir responsabilidades familiares para llevar dinero a casa, o dejarán de estudiar para retomarlo años después. A esto debemos añadir el aumento de la agresividad, con problemas de convivencia. Sin duda, una orientación emocional, académica y profesional continuada, sistémica y colaborativa será esencial, más aún bajo un sistema productivo en descomposición y tránsito. Potenciar los ciclos formativos será una alternativa más pragmática que la de insistir en un perfil universitario como horizonte de futuro laboral. Conseguir que los alumnos no abandonen los estudios será ya un logro notable. 

Por otro lado, es necesario reforzar la escuela como espacio de cuidados y solidaridad, procurando la colaboración con el barrio donde se inserta el centro educativo en acciones compartidas de ayuda económica, bolsas comunes, programas de refuerzo no solo educativo, también emocional, así como planes de empoderamiento colectivo que presione a las administraciones hacia un mayor compromiso presupuestario, de medios y personas. Ayuda mutua y compromiso político deben ir de la mano. 

Todo esto se dará en un contexto de desgaste profesional por parte de los docentes, que sufren desde hace años una mayor presión. La atención psicológica y el apoyo institucional debiera ser una prioridad de las consejerías, sumado a un esfuerzo mayor por dotar al sistema de resortes presupuestarios, de medios y plantillas, de programas no invadidos y asesoramiento, que alivien esta presión en aumento que afecta la calidad de la enseñanza. Familias y docentes son en definitiva ciudadanos atravesados por el mismo contexto, con mayor o menor crudeza, y juntos deberán unirse para afrontar estos retos complejos. 

En momentos difíciles es cuando es más necesario que la comunidad educativa se una y comparta espacios de ayuda y apoyo mutuo. Se dará sin duda la tentación de virar hacia actitudes en sentido contrario: buscar el propio interés, limitar la implicación profesional a lo mínimo, en busca de serenidad, pero este individualismo es pan para hoy y hambre para mañana. Inevitablemente los ambientes de trabajo se envilecen y complican cuando cada uno se repliega en su isla, excusándose en que es la consejería y los equipos directivos quienes deben hacer el esfuerzo, y despotricando después si algo no va bien. Es hora de la acción, y solos no podemos. Fortalecer la comunidad, confiar y escuchar al otro, potenciar la colaboración, son actitudes que ayudan a mejorar no solo la calidad de la enseñanza, sino también los ambientes de trabajo y por extensión la salud del docente.